La Superintendencia de Sociedades prepara un proyecto ley para reformar la Ley 1116 de 2006 de insolvencia empresarial, el cual espera radicar en el Congreso el próximo 20 de julio. Se busca, por ejemplo, un mecanismo justo y equilibrado para que pequeños acreedores salgan bien librados en estos procesos.
En diálogo con Portafolio, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, señaló que, además, se espera que este semestre termine el trámite del proyecto de ley que convierte en permanentes las disposiciones de salvamento -decretos 560 y 772 del 2020 – que surgieron para atender empresas en crisis a causa de la pandemia y que, en esencia, agilizan los procesos y benefician a las pymes.
¿En qué trabaja la entidad?
Desde que llegamos hemos querido cambiar la agenda de la Superintendencia en el marco de lo social. Eso implica pensar en quiénes son los afectados en lo que nosotros hacemos y concluimos que son los ciudadanos de a pie. El trabajo ha consistido en hacer entender a los diferentes actores que se mueven en la entidad que nuestro fin último no es hacer negocios, sino salvar las empresas y el trabajo.
¿Cuál sería el logro de la entidad en el 2023?
Entender que no somos la Superintendencia de las capitales, sino que somos una entidad de todos los municipios del país. Por eso salimos de las oficinas y nos fuimos a las regiones. También hemos trabajado para mostrar que no soy el Superintendente de las grandes empresas, sino también de las unipersonales, de las de familia, de las incipientes, de las que no se han formalizado.
¿Qué busca?
Fortalecer ese empresariado para impulsar la generación de empleo y de riqueza con una Superintendencia que prevenga, que oriente, que acompañe, más que sancione, multe o cierre.
¿Hay herramientas?
Una es poder mantener los decretos que en Emergencia Económica se expidieron y, afortunadamente, el Congreso ya lo ha promovido. Seguramente será ley de la República dentro de poco porque ha surtido los primeros debates en Senado. Se ha tramitado sin objeción alguna.
¿Qué se gana con esas disposiciones?
La celeridad en los procesos. Algunos que duraban tres años han podido cumplirse en tres meses. También es clave la virtualidad de muchas acciones. Y se gana innovación desde el punto de vista de lo procesal y lo procedimental.
¿Qué otros planes tienen?
Estamos emprendiendo una revisión normativa, integral, de todo el tema del derecho empresarial. Vemos que hay necesidad de fortalecer la norma en el camino de proteger más al usuario y al ciudadano que resulta afectado. Un ejemplo es Justo & Bueno, en donde se liquida una empresa y, finalmente, no se le paga a ese pequeño empresario que puso sus productos o arrendó un local. Se diluyó la empresa y nadie respondió. Entonces creemos conscientemente que hay que hacer una revisión profunda a todo el sistema legal alrededor del salvamento de las empresas. Insisto en la palabra salvamento, no insolvencia.
¿Es otro enfoque?
Al verbo salvar hay que darle prelación frente a la insolvencia y eso se debe ver reflejado desde el principio filosófico de la norma y de ahí para allá en la regulación. Creo que será una revolución del control, del salvamento y la supervivencia de las empresas.
¿Cuál es el paso a seguir?
Hemos hablado con los empresarios directamente, con asociaciones y la academia sobre la necesidad de una reforma. Tenemos insumos suficientes y sigue consolidar el proyecto de ley.
En diálogo con Portafolio, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, señaló que, además, se espera que este semestre termine el trámite del proyecto de ley que convierte en permanentes las disposiciones de salvamento -decretos 560 y 772 del 2020 – que surgieron para atender empresas en crisis a causa de la pandemia y que, en esencia, agilizan los procesos y benefician a las pymes.
¿En qué trabaja la entidad?
Desde que llegamos hemos querido cambiar la agenda de la Superintendencia en el marco de lo social. Eso implica pensar en quiénes son los afectados en lo que nosotros hacemos y concluimos que son los ciudadanos de a pie. El trabajo ha consistido en hacer entender a los diferentes actores que se mueven en la entidad que nuestro fin último no es hacer negocios, sino salvar las empresas y el trabajo.
¿Cuál sería el logro de la entidad en el 2023?
Entender que no somos la Superintendencia de las capitales, sino que somos una entidad de todos los municipios del país. Por eso salimos de las oficinas y nos fuimos a las regiones. También hemos trabajado para mostrar que no soy el Superintendente de las grandes empresas, sino también de las unipersonales, de las de familia, de las incipientes, de las que no se han formalizado.
¿Qué busca?
Fortalecer ese empresariado para impulsar la generación de empleo y de riqueza con una Superintendencia que prevenga, que oriente, que acompañe, más que sancione, multe o cierre.
¿Hay herramientas?
Una es poder mantener los decretos que en Emergencia Económica se expidieron y, afortunadamente, el Congreso ya lo ha promovido. Seguramente será ley de la República dentro de poco porque ha surtido los primeros debates en Senado. Se ha tramitado sin objeción alguna.
¿Qué se gana con esas disposiciones?
La celeridad en los procesos. Algunos que duraban tres años han podido cumplirse en tres meses. También es clave la virtualidad de muchas acciones. Y se gana innovación desde el punto de vista de lo procesal y lo procedimental.
¿Qué otros planes tienen?
Estamos emprendiendo una revisión normativa, integral, de todo el tema del derecho empresarial. Vemos que hay necesidad de fortalecer la norma en el camino de proteger más al usuario y al ciudadano que resulta afectado. Un ejemplo es Justo & Bueno, en donde se liquida una empresa y, finalmente, no se le paga a ese pequeño empresario que puso sus productos o arrendó un local. Se diluyó la empresa y nadie respondió. Entonces creemos conscientemente que hay que hacer una revisión profunda a todo el sistema legal alrededor del salvamento de las empresas. Insisto en la palabra salvamento, no insolvencia.
¿Es otro enfoque?
Al verbo salvar hay que darle prelación frente a la insolvencia y eso se debe ver reflejado desde el principio filosófico de la norma y de ahí para allá en la regulación. Creo que será una revolución del control, del salvamento y la supervivencia de las empresas.
¿Cuál es el paso a seguir?
Hemos hablado con los empresarios directamente, con asociaciones y la academia sobre la necesidad de una reforma. Tenemos insumos suficientes y sigue consolidar el proyecto de ley.
¿Qué más incluiría?
Hoy fácilmente se puede constituir una empresa en el país y eso no está mal pero, de pronto, estamos pensando más en darle otro papel a las cámaras de comercio en esa función sobre el seguimiento a la vida de las compañías. También estamos buscando y elaborando herramientas tecnológicas que nos permitan hacer una mejor prevención para saber el estado de las empresas antes de que lleguen a los procesos de insolvencia. Queremos desarrollar herramientas de analítica con ese fin.
¿Cuándo presentarían el proyecto de ley?
La idea es presentarlo pronto al Congreso, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es nuestro gran aliado y mentor.
¿Qué otras acciones tienen?
Llegar a las regiones. En el 2023 fuimos muy exitosos y lo que empezó como unas campañas de salvamento de empresas ahora está acompañado de unas ferias empresariales. Este año vamos a empezar con Quibdó, el 14 y 15 de marzo. Ahí vamos a ayudarles a las empresas en dificultades.
Al identificar que están mal de plata y que ello puede obedecer a causas externas, no sería justo que llegara a ver cómo la liquidamos. Cambié la estrategia para pensar, más bien, cómo le ayudamos. Entonces empezamos a invitar a la banca pública y ahora llegamos con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales que quieren invertir en empresas para promoverlas y ayudarlas. Esa estrategia no tiene precedente.
CONSTANZA GÓMEZ GUASCA
Periodista de Portafolio
Fuente: https://www.portafolio.co/economia/gobierno/ley-de-insolvencia-el-gobierno-esta-preparando-una-reforma-598127
