A Hamilton Hernández le dieron casa por cárcel por no pagar sus impuestos. La batalla jurídica que duró un año le devolvió su libertad.
Laury Alejandra Hernández se levanta todos los días a las dos de la mañana para ir a estudiar. Quiere ganar el año porque ahora su papá va a poder asistir a su ceremonia de graduación, luego de estar tres años preso por una deuda de $312.000 con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
El negocio zapatero de Hamilton Hernández abrió sus puertas en el año 2009 en Bucaramanga, pero el emprendimiento quebró años más tarde dejando una deuda a la que no le prestó suficiente atención.
Resulta que en los periodos de junio de 2009 y enero de 2010, el contador del negocio no entregó el IVA a la entidad, un valor de $280.000 y $32.000 de intereses respectivamente, sumando una deuda total de $312.000.
Para el año 2016, Hernández atravesaba una dificultad económica debido a la quiebra, por lo que decidió comunicarse con su contador para que lo asesorara en cuanto al pago de la deuda.
Sin embargo, el consejo que recibió fue no pagar esa cantidad de dinero porque era muy mínima y le dijeron que no pasaría nada, que la deuda extinguiría con el paso del tiempo porque “la Dian perseguía a evasores de miles de millones, y yo le hice caso porque no tenía conocimiento de esas cosas”, explicó Hernández.
Como dice el dicho popular, la ignorancia es castigada, y en este caso a Hamilton le costó la libertad. La deuda prescribió en 2018, posteriormente, el caso pasó a la Fiscalía donde lo acusaron de omisión de agente retenedor y recaudador de impuestos.
Ese delito, consagrado en el artículo 402 del Código Penal, contempla penas de prisión que van de los 48 meses a los 108 meses y multa equivalente al doble de lo no consignado.
Por eso, el 20 de noviembre del 2018, a Hamilton le dictaron una condena de cuatro años y una multa de $624.000.
Durante el juicio, lo declararon persona ausente y no pudieron notificarle porque había cambiado sus números de contacto.
Solo dos años después se enteró de su situación jurídica, cuando en marzo de 2020, en un retén de rutina de la Policía instalado en el peaje de Rionegro, Santander, le informaron que quedaba capturado.
Los policías que realizaron el procedimiento se rieron de la cantidad de la deuda y le dijeron que pagara, pero con la prescripción de esta ya no se podía hacer nada.
Aunque su domicilio era en Bucaramanga, le fijaron una detención domiciliaria en el municipio El Playón, ahí unos familiares le ayudaron a encontrar un alojamiento en el que pasó casi tres años condenado a una vida lejos de su familia.
Hasta que el 21 de diciembre de 2021, la Fundación Defensa de Inocentes conoció el caso de Hamilton y el abogado Daniel Caicedo asumió su defensa.
Dentro de la batalla jurídica, el abogado Caicedo alegó que se trataba de una pena exagerada para una deuda con ese monto de dinero y consideraron injusta la condena.
Además, argumentó que “por ser cabeza de familia (Hamilton), su súbita captura privó a su núcleo familiar de los recursos necesarios para su subsistencia sufriendo muchas privaciones desde ese momento”.
El abogado también expuso el cumplimiento de una parte de la condena y aseguró que la Fundación asumiría el pago de la sanción impuesta por $624.000.
Y, luego de varias sesiones, el 20 de octubre de 2022, un juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad le concedió, por fin, la libertad a Hamilton.
“Misión cumplida. Hoy le hemos comunicado al ciudadano Hamilton Hernández, quien pagaba condena de 4 años de domiciliaria por una obligación con la DIAN de $ 312.000, que ha recobrado su libertad por cumplir las tres quintas partes de su condena que corresponde a 28 meses”, celebró Caicedo hasta en sus redes sociales.
Un auto le concedió la libertad condicional, situación jurídica que mantendrá hasta cumplir los cuatro años que se fijaron inicialmente.
A todo esto se le suma una explicación fundamental en cuanto al procedimiento jurídico, pues según el abogado, el efecto procesal de la prescripción de la obligación tributaria es diferente de acuerdo al momento en que se consuma.
Es decir que “si se hace antes de la imputación tiene el efecto de extinguir la acción penal. Si se realiza después de la imputación, no tiene efecto procesal y en ese sentido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es clara”. añadió el abogado.
Por lo tanto, para Caicedo es necesario que la Dian permita pagar este tipo de obligaciones, aunque ya hayan prescrito, para que esos casos no terminen en un proceso penal, como lo que le pasó a Hamilton.
En medio de su libertad condicional, Hamilton solo piensa en volver a comenzar.
“Lo único que he hecho en mi vida es emprender, ahora hay que tratar de construir lo que se perdió, lo que le puedo decir a la gente que tienen deudas es que revisen y no dejen que les ocurra algo parecido”, explicó Hernández.
En esto coincide el abogado Daniel Caicedo, para quien este episodio deja varias lecciones como tener un asesoramiento confiable en cuanto a los temas tributarios y el cumplimiento oportuno de las obligaciones de impuestos.
Mientras tanto, Laury Alejandra, hija de Hamilton, se prepara para lo que siempre soñó: recibir junto a su padre, su grado bachiller el próximo primero de diciembre.
Fuente: https://www.elcolombiano.com/colombia/hamilton-hernandez-quedo-libre-luego-de-que-lo-condenaran-a-cuatro-anos-de-prision-por-no-pagarle-312-mil-pesos-a-la-dian-IO19060293
